La Ley Núm. 42 de 16 de abril de 2010, conocida como "Ley del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico", creó la Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico y la adscribió a la Oficina del Gobernador. Establecer un sistema integrado y coordinado de auditorías, estudios y evaluaciones preventivas en los organismos gubernamentales con miras a erradicar la redundancia y burocracia en la gestión pública, así como para optimizar el uso de los recursos y evitar el uso indebido de los mismos. De la misma manera, para eliminar la actividad corruptiva, así como para identificar aquellos funcionarios que no sepan manejar los recursos públicos de manera adecuada y que estén en busca de lucro personal. Establecer altos niveles de transparencia, honestidad e integridad en la gestión pública para poder rescatar y devolverle al pueblo la confianza en sus instituciones gubernamentales. Esto mediante el establecimiento de esfuerzos de prevención y fiscalización en cuanto al uso de fondos públicos.