Hallazgos y Recomendaciones, Investigación Policía de Puerto Rico
 

“VI. Hallazgos                  

1.   En el 2001, agentes mujeres de la Policía de Puerto Rico asignadas a la escolta del Lcdo. Pedro Toledo Dávila solicitaron traslado de esas funciones por razón de hostigamiento sexual y otras alegaciones.

2.   Estas querellas fueron investigadas por la Tenienta Vilma Fernández, Directora de la División de Investigaciones de Casos de Violencia Doméstica y Hostigamiento Sexual de la Policía de Puerto Rico de acuerdo al “Procedimiento Para Canalizar Querellas sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo”, Orden General 88-7, Reglamento Núm. 3743 de la Policía de Puerto Rico.

3.   Dos querellantes fueron trasladadas por sus supervisores de acuerdo a lo solicitado por éstas a tenor con la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada, Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo 29 L.P.R.A., secs. 155 et.seq. que requiere del patrono tomar una acción inmediata y apropiada para corregir la situación de hostigamiento sexual.

4.   La investigación de la División de Investigaciones de Casos de Violencia Doméstica y Hostigamiento Sexual de la Policía de Puerto Rico finalizó el 4 de abril de 2001 y se determinó lo siguiente: 

“Conclusiones”:

 

  • "Estos hechos que alegan las [Agente 1 y la Agente 2, se omiten los nombres por confidencialidad] ocurrieron.”
  • “Se ha denigrado a la mujer al ser utilizada como un símbolo sexual y para complacer caprichos en funciones no oficiales por la persona que tenía el poder absoluto en la dirección y supervisión de la Policía”.
  • “A pesar que en ocasiones los supervisores fueron informados de estos incidentes, éstos trataban de que las agentes no fueran llevadas a estas situaciones, informándole al Lcdo. Toledo que éstas se encontraban indispuestas.”
  • "Se justifica la acción de los supervisores así como de las agentes de no traer anteriormente estas situaciones, toda vez que ¿ a dónde se iban a querellar?, ya que se trataba del Superintendente de la Policía y Comisionado de Seguridad Pública del País y persona que goza de una imagen pública intachable”.
  • “No es hasta que el Lcdo. Pedro Toledo termina sus funciones en sus cargos que éstas continúan en su escolta y éste sigue con sus acciones de humillaciones hacia ella como mujer y deciden hablar sobre los sucesos”.


Recomendaciones”: 

  • "Esta investigación debe ser ampliada en su totalidad para corroborar si el personal asignado a la escolta del Lic. Toledo se le esté dando el uso adecuado en lo referente a las funciones de un Agente del orden público”.

 5.   Esta investigación se le sometió al entonces, Cor. Héctor L. Laureano Rivas, Superintendente Auxiliar en Investigaciones Administrativas y Asuntos Disciplinarios. El Cor. Héctor L. Laureano Rivas le refirió dicha investigación al Superintendente de la Policía, el Lic. Pierre Vivoni Del Valle, “para la acción que estime correspondiente”, según surge de su comunicación escrita fechada 11 de abril de 2001.

6.   La Tenienta Vilma Fernández, Directora de División de Investigaciones de Casos de Violencia Doméstica y Hostigamiento Sexual, el Coronel Héctor L. Laureano Rivas, Superintendente Auxiliar en Investigaciones Administrativas y Asuntos Disciplinarios, el Capitán Edwin Torres,  Director de la escolta Grupo Especial G y el Inspector Jorge Chaparro Tirado, Director de la Oficina de Seguridad y Protección, cumplieron con su responsabilidad según el procedimiento establecido en el reglamento sobre “Procedimiento Para Canalizar Querellas sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo”, Orden General 88-7, Reglamento Núm. 3743 de la Policía de Puerto Rico.

7. Con relación a la orientación sobre los derechos de las víctimas de hostigamiento sexual en el empleo, no queda claro si fueron adecuadamente orientadas ya que la Agente 1 no recuerda si fue orientada o no por algún personal de la Policía de Puerto Rico con respecto a sus derechos.  Este aspecto es de mucha importancia ya que en estos casos hay términos prescriptivos dispuestos en la ley que de no cumplirse con éstos, la víctima se quedaría desprovista de remedios legales.

8.   El Lcdo. Pierre Vivoni Del Valle, entonces Superintendente no tomó acción,  ni ordenó medida alguna para evaluar y regular el uso que el Ex-Superintendente daba a su escolta y a la escolta de su familia a pesar de que la investigación recomendó: “corroborar si el personal asignado a la escolta del Lic. Toledo se le está dando el uso adecuado en lo referente a las funciones de un agente del orden público”. No hubo determinación formal ni oficial por parte de éste para este caso.  No aparece en el expediente que hubiese informes al Lcdo. Toledo sobre los resultados de la investigación ni que le informara sobre la Política Pública de la Policía y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre hostigamiento sexual y uso adecuado de las escoltas.  No hay ni orden de archivo, desestimación o resolución o nota alguna. El Ex Superintendente pudo haber referido también la investigación al Departamento de Justicia para una opinión legal así como a las Oficinas de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor.

9.  Para la fecha en que ocurrieron los hechos de hostigamiento sexual no existía un procedimiento interno ni normativa que regulara los usos y funciones de la escolta del Ex-Superintendente, Ex-Gobernador y otros funcionarios.

10. No consta en el expediente ni en los documentos entregados a la OPM como parte de un requerimiento oficial que se le hizo a la Policía de Puerto Rico sobre documentación relacionada al uso de las escoltas, contestación a la solicitud de Opinión Legal que le hiciera el entonces Capitán Edwin Torres,  Director de la escolta Grupo Especial G,  por conducto del Inspector Jorge Chaparro Tirado, Director de la Oficina de Seguridad y Protección al Lcdo. Francisco Catalá Barrera, Director de la División Legal el 9 de marzo de 2001.

11. El 7 de enero de 2003, el entonces superintendente de la Policía, Lcdo. Víctor M. Rivera González firmó la Orden General Núm. 2003-9 sobre “La Creación y Organización de la Oficina de Seguridad y Protección”. Esta Orden dispone que la Oficina de Seguridad y Protección será la que tendrá a cargo los servicios de escolta y protección al Superintendente, Ex-Superintendente, Ex-Gobernador/a,  Dignatarios y Funcionarios de Alta Jerarquía del Gobierno de Puerto Rico.

12. Aunque la orden es un adelanto en la dirección correcta como esfuerzo necesario en la creación de una normativa para regular el uso de la escolta, en ninguno de los casos se establece disposición sobre su uso adecuado n i sobre actos de hostigamiento sexual en el empleo.  Esto deja a la discreción absoluta del Superintendente, Ex Superintendente, Ex Gobernador o el funcionario(a) que recibe los servicios de escolta el control y disposición en el uso de la escolta y sin remedios adecuados para el personal que trabaja en la escolta.  Esta situación se agudiza cuando las personas a quienes se les brinda el servicio ya no son empleados y empleadas de ninguna agencia.  Este sería el caso por ejemplo, del Ex-Superintendente, Ex-Gobernador/a y otros funcionarios del Gobierno de Puerto Rico o dignatarios.   Esta laguna permite que continúen conductas constitutivas de hostigamiento sexual sin otras medidas remediativas que los traslados.

RECOMENDACIONES

1.  Se hace necesaria una Orden Ejecutiva a los efectos de regular las funciones y los usos adecuados de las escoltas y a su vez, ampliar lo dispuesto en la Orden General 2003-9 de la Policía de Puerto Rico para proteger a las escoltas de hostigamiento sexual mientras se desempeñan en esas funciones.  La Orden deberá incluir disposiciones de que los usos inadecuados o violación a las políticas públicas existentes, podrá dar por terminado el privilegio de la escolta que concede la ley.

2.  La Policía de Puerto Rico debe asegurarse de cumplir cabalmente con el procedimiento interno vigente “Reglamento para establecer la política pública y procedimientos para radicar querellas de hostigamiento sexual en la Policía de Puerto Rico” y emitir las determinaciones finales que correspondan luego de las investigaciones realizadas según el trámite administrativo interno.  Esto incluye la determinación o disposición final del caso que haga el Superintendente.

3.  Para reiterar la importancia de la política pública de hostigamiento sexual en el empleo y los remedios administrativos y judiciales disponibles para aquellas personas que sientan que son víctimas de hostigamiento sexual en el empleo y las garantías y opciones que la política pública les reconoce, se hace necesario que el Estado descargue su responsabilidad para con sus empleados y empleadas del servicio público.  Por tanto, recomendamos que se elabore un programa de educación mandatorio dirigido a los/as jefes/as de agencias y gerenciales de alto nivel de forma tal que el Gobierno como patrono se asegure del cumplimiento con la Ley Número 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada y la política pública tras ella.

4.  Los servicios de escolta a Superintendentes, Ex Superintendentes, Ex Gobernadores(as), funcionarios y dignatarios surgen por disposición de ley.  Este servicio es brindado por empleados/as públicos/as, agentes de la Policía de Puerto Rico que brindan un servicio directo de protección a estas personas no funcionarias de la Policía de Puerto Rico. Ante la ausencia de mecanismos para responsabilizar a los terceros que reciben los servicios directos de escolta por actos de hostigamiento sexual contra los agentes y las agentes que se la ofrecen, la Policía de Puerto Rico deberá asegurarse que al momento de comenzar a brindar ese servicio le requiera al tercero o tercera que se comprometa al cumplimiento de las políticas públicas del Estado; especialmente aquellas para evitar el discrimen por razón de sexo, particularmente, el hostigamiento sexual en el empleo. Ese compromiso deberá ser por escrito.

De igual forma, la Policía de Puerto Rico deberá orientar al tercero sobre la normativa del uso adecuado de la escolta así como los usos no permitidos. La Policía de Puerto Rico también deberá certificar que ha entregado las políticas públicas sobre hostigamiento sexual en el empleo y otras vigentes. De existir una alegación de uso inapropiado y de ésta determinarse como cierta, luego de la investigación realizada conforme el procedimiento vigente “Reglamento para establecer la Política Pública y Procedimientos para Radicar Querellas de Hostigamiento Sexual en la Policía de Puerto Rico” la Policía de Puerto Rico podrá dar por terminado el servicio de escolta y tomar otras medidas que procedan.

5.  La OPM debe referir esta investigación a la Oficina del Contralor de Puerto Rico y a la Oficina de Ética Gubernamental para la acción correspondiente.”

 
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