Durante las pasadas décadas varias organizaciones y agencias gubernamentales han estado colaborando para reducir las diversas formas de discrimen y violencia contra las mujeres en Puerto Rico.

Desde 1973, cuando se creó la Comisión para los Asuntos de la Mujer, la Legislatura ha promulgado numerosas leyes y políticas públicas dirigidas a proteger los derechos de este sector de nuestra población.

Sin embargo, ante la falta de mecanismos que obligaran al cumplimiento de éstas, el discrimen y la violencia contra las mujeres aún constituyen un problema serio. La Ley 20 de 11 de abril de 2001 dio origen a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con el fin principal de fiscalizar la implantación y el cumplimiento de la política pública y las leyes vigentes para la protección del grupo social mayoritario en el país.