La responsabilidad primordial de la Oficina de Asuntos Legales será asesorar al (a la) Superintendente de la Policía con relación a todos los asuntos de naturaleza legal. 

 Además estudia, prepara y tramita todas las propuestas legislativas de la agencia para someterlas a la Oficina del(la) Gobernador(a).  Pasará juicio sobre la legalidad de los contratos que se proponga formalizar la Policía de Puerto Rico y que el documento cumpla con todas las leyes, reglamentos y normas aplicables, en especial aquellas directrices que emite el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión Estatal de Elecciones,  la Oficina de Asesoramiento Laboral y Administración de Recursos Humanos, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Oficina del (la) Gobernador(a).

La Oficina celebrará vistas administrativas, de acuerdo a las normas establecidas. A su vez, ofrecerá servicios de asesoramiento legal al personal de la Agencia, con la anuencia del Director; y elaborará todo documento legal a ser expedido por la Agencia, según le sea requerido por el Superintendente.

Esta Oficina contará con una Sección de Contratos, cuyas funciones se establecen en la Orden General 2003-13. La Oficina de Asuntos Legales, estará representada con Asesores Legales en las trece (13) Regiones Policíacas.

Esta Junta tendrá la responsabilidad de evaluar y resolver aquellos conflictos que no requieran de una investigación formal y que le sean referidas por el Director de la Región Policíaca o cualquier otra unidad de trabajo de la Policía de Puerto Rico. Será activada cuando sea necesaria, por el Director de la Oficina de Asuntos Legales; no intervendrá en aquellos casos relacionados con leyes, aspectos morales y orden público. Las normas y procedimientos de esta Junta, se establecerán mediante Orden Especial a ser promulgada.